Hoy, vecinas y vecinos de los bloques de la antigua Obra Social “La Caixa” de Vallekas y Vicálvaro, junto a la PAH Vallekas - Sindicato de Vivienda, nos concentraremos frente a la Fundación La Caixa para denunciar las prácticas especulativas de CaixaBankia, que está expulsando a familias de viviendas que nacieron como proyectos sociales y asequibles.
Señalamos la hipocresía de una entidad que presume de obra social mientras desahucia a mujeres víctimas de violencia de género como Pili, vecina de Vallekas a la que CaixaBankia desahució este martes de su hogar, al mismo tiempo que rompe los contratos de alquiler de más de cuarenta familias en los bloques de Cantespino y Mazaterón.
Una campaña vecinal contra el desalojo y la especulación
Denunciamos que las viviendas, construidas hace más de dos décadas como parte de un programa de vivienda asequible, se han convertido en un nuevo nicho de negocio.
Tras la transformación de la antigua Obra Social en Fundación y la fusión con Bankia, la entidad ha dejado de renovar contratos y ha duplicado los precios del alquiler, llegando a pedir 1.100 euros al mes por pisos de una habitación.
Todo esto mientras CaixaBankia declara beneficios netos de casi 3.000 millones de euros solo en el primer semestre del año.
Una muestra más de cómo el negocio de la vivienda se impone sobre el derecho a un hogar.
Una lucha que une barrios
La campaña #NosQuedamos y la defensa de Pili forman parte de una misma lucha: la defensa del derecho a la vivienda frente a la especulación bancaria.
En los últimos meses, los bloques de Vallekas y Vicálvaro han reactivado la organización vecinal para exigir alquileres sociales, contratos estables y una negociación colectiva que garantice el futuro de las familias.
Desde PAH Vallekas seguiremos movilizándonos hasta que CaixaBankia retire los desalojos y se siente a negociar una solución justa.
Nuestras exigencias
Porque el derecho a una vivienda digna no se negocia, exigimos:
- Una reunión inmediata con la propiedad para negociar una solución colectiva: renovación de contratos, condiciones justas y sin expulsiones forzosas.
- Que tanto la Fundación “La Caixa” como, sobre todo, el Estado, asuman su responsabilidad social. El Estado mantiene una participación cercana al 18 % de CaixaBank, lo que lo vincula institucionalmente con las decisiones del grupo.
- Que se cumplan los compromisos de vivienda asequible adquiridos, y que estos bloques no se conviertan en meros activos financieros para especulación.
Seguiremos en la calle, organizadas y unidas, hasta que vivir deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho.
